Reforma electoral y vulnerabilidad institucional: una reflexión desde el bien común

Juan Carlos Soledad Pérez, Presidente de COPARMEX

Egresado en Administración y Mercadotecnia, con maestría en Dirección de Empresas por IPADE. Es socio y director de Pintasol y socio fundador de Piacolor.

Cuenta con amplia trayectoria en consejos empresariales y organismos ciudadanos como Coparmex, USEM, el Comité Ciudadano Anticorrupción y el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. Ha colaborado en equipos nacionales de innovación y ha sido profesor de Estrategia en la UP Aguascalientes por más de 7 años. Actualmente preside COPARMEX en Aguascalientes.

México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no experimentación institucional. En tiempos de polarización, desafíos económicos y profundas exigencias sociales, modificar las reglas del juego democrático no es una decisión menor: es una apuesta de alto riesgo que puede comprometer la estabilidad construida durante décadas.

La discusión en torno a la reforma electoral impulsada por el gobierno federal no debería centrarse únicamente en sus aspectos técnicos ni en la conveniencia puntual de sus propuestas.

El verdadero problema radica en la desconexión entre este debate y las prioridades urgentes que enfrenta el país en un entorno nacional e internacional cada vez más complejo. Hoy, más que abrir frentes de confrontación, México requiere propiciar un diálogo amplio y constructivo entre los distintos sectores de la sociedad, orientado a atender los temas que realmente preocupan a la ciudadanía.

Desde la visión del sector empresarial organizado, y particularmente desde una perspectiva humanista centrada en la dignidad de la persona y el bien común, la preocupación es clara: no se trata de distraer la agenda pública, sino de fortalecer las instituciones y enfocar los esfuerzos en aquello que verdaderamente demanda la sociedad.

Someter nuestra democracia a una modificación de la magnitud que se pretende, en el contexto actual, resulta contraproducente por al menos tres razones fundamentales.

La primera es la incertidumbre económica. La estabilidad política es un pilar indispensable para la confianza. Cuando las reglas electorales —que garantizan la alternancia pacífica del poder— se perciben vulnerables o sujetas a cambios unilaterales, se envían señales de inestabilidad que impactan directamente en las decisiones de inversión. El capital, tanto nacional como extranjero, busca entornos previsibles. Sin certeza jurídica e institucional, el crecimiento se frena y las oportunidades se reducen.

La segunda razón es la falta de consenso. Las reformas electorales no pueden ni deben responder a mayorías coyunturales. Su legitimidad descansa en la construcción de acuerdos amplios, incluyentes y duraderos. Sin diálogo genuino y sin un consenso nacional, cualquier modificación de este calibre nace debilitada. Las reglas que organizan la competencia política deben ser aceptadas por todos los actores, no impuestas por algunos. De lo contrario, se erosiona la confianza en el sistema en su conjunto.

La tercera es la desviación de prioridades. México enfrenta desafíos urgentes y concretos: la inseguridad que lastima comunidades, las brechas en el sistema de salud, y la necesidad de reactivar el crecimiento económico.

Debilitar al árbitro electoral no atiende ninguno de estos problemas. Por el contrario, distrae recursos, energía política y atención pública de aquello que verdaderamente impacta la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Desde una perspectiva centrada en la dignidad de la persona, el voto es mucho más que un procedimiento: es una expresión esencial de libertad y de participación en la vida pública. La integridad de ese acto depende de instituciones sólidas, autónomas y confiables. Debilitarlas implica poner en riesgo no solo procesos electorales, sino la confianza ciudadana que sostiene a toda democracia.

México ha construido, con el esfuerzo de generaciones, un sistema electoral perfectible, sí, pero funcional y reconocido por su capacidad para garantizar transiciones pacíficas del poder. Alterarlo sin un diagnóstico compartido, sin consenso y sin una necesidad apremiante, implica asumir riesgos innecesarios en un momento donde lo que más se necesita es estabilidad.

Por ello, desde el sector empresarial reafirmamos una postura clara y responsable: la mejor reforma electoral hoy, es que no haya reforma.

No se trata de rechazar el cambio por principio, sino de entender el momento. Reformar, cuando no hay condiciones, puede significar retroceder. Defender la institucionalidad no es inmovilismo; es responsabilidad.

Porque cuando se debilitan las reglas, no solo pierde la democracia. Perdemos todos.

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